* Entrevista concedida a la periodista Lauren Ureña; directora del diario acontecer de la UNED. Algunos fragmentos de la entrevista fueron utilizados en el artículo “Costa Rica enfrenta la disyuntiva de abandonar el Estado confesional para convertirlo en laico” (Diario Acontecer, Número 51, Octubre 2012)
¿Qué significa tener un estado laico, es un Estado ateo?
Para responder qué significa y qué implica un Estado laico es conveniente empezar por la última parte de esta pregunta, ya que es precisamente la falsa equiparación, no casual sino intencionada, entre Estado laico y Estado ateo la que tiende a generar las confusiones y reticencias alrededor del laicismo, y por supuesto, de quienes lo promueven. Digo que se trata de una falsa equiparación ya que, mientras un Estado ateo representa una forma política hostil y represiva de relacionarse con la totalidad de manifestaciones religiosas, un Estado laico, bien entendido y dirigido, simplemente implica una manera neutral de relacionarse con estas manifestaciones; manifestaciones que, sin duda, en tanto son de carácter cultural, no dependen (para existir) directamente de una aceptación política formal, es decir, estatal. La neutralidad del Estado laico implica entonces una aceptación de la totalidad de manifestaciones religiosas presentes en una sociedad mas no la promoción de estas; un Estado laico no busca que la ciudadanía adhiera a una u otra de estas manifestaciones, sino que deja al libre arbitrio de las personas la escogencia de su religión, denominación o iglesia, lo cual incluye, por supuesto, la posibilidad de elegir ninguna opción religiosa. De manera tal que el Estado laico, o el movimiento laicista que le subyace, no comporta hostilidad alguna hacia la religión o lo religioso, sino que más bien promueve, a partir de constataciones sociales y culturales que muestran el carácter plural de las manifestaciones religiosas a lo interno de cualquier país, un total respeto hacia esta y hacia sus adherentes, lo cual implica no tomar partido a favor de una u otra opción religiosa.
Recordemos que son las personas y no los Estados, aunque estos reflejen y conformen identidades colectivas, quienes pueden, a conciencia, profesar un credo particular, por lo tanto, un Estado confesional, no sólo es, en estos términos, un absurdo sino que al mismo tiempo atenta contra el principio de representatividad que anima cualquier Estado, en tanto este, o quienes le dirigen, le endosan una identidad confesional, en este caso católica, a todo un país (Estado-Nación) sin que necesariamente la totalidad de personas, también ciudadanas, que allí habitan se identifiquen a sí mismas como de esa manifestación religiosa. Y es que no se trata solamente de un problema identitario (¿cómo se puede sentir, por ejemplo, una persona budista (costarricense) cuando en la Constitución de su país se establece que la religión católica es la del Estado?), sino también de derechos y deberes ciudadanos (¿por qué este mismo budista debe contribuir económicamente, a través del pago de sus impuestos, a la manutención de una denominación religiosa a la que no pertenece y en la que no cree?); dos razones que, sin duda, están sobre la base de la promoción de un Estado laico.
Por último, añadiría que el laicismo busca garantizar, en términos generales, que los asuntos estatales (políticos, públicos), los cuales afectan de una u otra manera al conjunto de la ciudadanía, se desprendan de cualquier tutelaje religioso, lo cual no significa que los actores religiosos institucionales no puedan opinar sobre asuntos públicos, lo cual sería anti-democrático, simplemente significa que estas opiniones dejarían de aparecer como si fueran estatales o gubernamentales, y por ende, como directamente vinculantes, por ejemplo, en asuntos relacionados con el diseño de políticas públicas, etc.; las cuales afectan a la totalidad del país, y no solamente a aquella porción de la ciudadanía que efectivamente profesa el catolicismo.
Desde su perspectiva ¿es estrictamente necesaria la transformación del Estado en esta materia?
Sin duda. La considero estrictamente necesaria, aunque quizás convenga matizar esta opinión; para esto mostraré, primero, por qué me parece necesaria la transición hacia un Estado laico y, segundo, qué tan estrictamente necesario considero es dicho proceso.
Muchas personas creen mostrar que el Estado costarricense no es confesional, aunque tampoco laico, simplemente porque la Constitución Política establece la libertad de culto; lo cual, desde mi punto de vista, es falso. Si bien, la libertad de culto significó un gran avance para el país en materia de libertad de conciencia, y aunque en la práctica esta estipulación tiende a cumplirse, lo cierto es que el simple hecho de que el Estado siga privilegiando, también por mandato constitucional, a una denominación religiosa (institucional) particular conlleva implicaciones políticas, sociales y culturales que tornan efectivo el carácter confesional del Estado costarricense. ¿Por qué? En primera instancia porque el Estado contribuye económicamente con la Iglesia Católica, la cual es una ventaja de la que no gozan el resto de religiones o denominaciones que existen en el país y, en segunda instancia, debido a que este mismo Estado continúa hoy recibiendo “consejo” cuasi vinculante de parte de los líderes de esta iglesia; consejos que repercuten directamente en el diseño de políticas públicas, por ejemplo en materia de educación (sexual y religiosa), que sin duda comportan también consecuencias de índole cultural pero también social. Si la escuela es la principal vía de socialización y de transmisión de valores culturales, políticos y sociales, ¿entonces puede negar alguien que la injerencia católica en esta materia tenga implicaciones en cada uno de estos ámbitos? Por supuesto, no quiero decir que la visión católica del mundo sea negativa, ni que sus valores sean indeseables; lo que sí quiero señalar es que estos valores no se corresponden con la totalidad de modos de vida (socio-culturales), visiones de mundo, ni adscripciones religiosas que co-existen en Costa Rica, por lo cual se convierte en una transmisión de valores arbitraria y, si se quiere, “violenta”, desde el punto de vista de la diversidad cultural aludida. Y lo mismo podemos decir de la consecuencias sociales de permitir la injerencia religiosa, de carácter vinculante, en materia de educación sexual; materia de interés nacional, no sólo ni primeramente desde un punto de moral, sino desde el punto de vista de la salud pública y del bienestar de quienes, con o sin religión, desean y merecen vivir su sexualidad de manera responsable. Luego podemos añadir el tema, o no-tema, de las sociedades de convivencia entre parejas del mismo sexo, las cuales han sido combatidas e incluso rechazadas jurídicamente a través del uso de argumentos eminentemente religiosos, aún cuando estos argumentos, desde mi punto de vista, solamente son válidos para quien los cree. Y así podría continuar enumerando casos y ámbitos de injerencia directa…
Por supuesto, cuando se pregunta, como se hace acá, si esta transformación “es estrictamente necesaria”, lo primero que viene a la mente, al menos a la mía, es que la intención de la pregunta es poner sobre la mesa, al menos implícitamente, otras alternativas; por ejemplo, la posibilidad de corregir todo lo arriba denunciado sin que se deba recurrir a la eliminación del artículo 75 de la Constitución, o bien, a la promoción del Estado laico. Ahora bien, para que un escenario tal resulte viable, es necesario que las partes involucradas, léase el Estado (sus dirigentes) y la Iglesia Católica (sus dirigentes), cambien voluntariamente el carácter se sus relaciones; en el caso de la Iglesia esto significaría, entre otras cosas, renunciar a privilegios, sobre todo económicos, que le son concedidos constitucionalmente y, más importante aún, a su voluntad de poder o de querer incidir en asuntos de interés público como los que hemos mencionado, lo cual se vislumbra, al menos, poco probable. El Estado, por otro lado, podría, ya que no hay motivo jurídico que se lo impida, excluir de las decisiones fundamentales para el país (diseño de políticas públicas, etc.) a la Iglesia, sin embargo, este panorama tampoco resulta muy probable, sobre todo si se toma en cuenta que quienes viven de la política electoral en este país aún tienen la costumbre de legitimarse religiosamente, vía catolicismo, claro está. De manera tal que otras alternativas no se dibujan muy factibles, aún cuando estrictamente hablando sean posibles.
Por último, me gustaría advertir que, aunque considero que la transformación jurídica debe darse ya, esta debe ir acompañada, también desde ahora, de un proceso reflexivo más lento; mismo que estaría avocado a preguntarnos, como país y a responder como tal, qué tipo de sociedad queremos en términos de convivencia cultural y religiosa, de libertad de conciencia, etc. Lo cual implica preguntarse también por el devenir de lo religioso y sobre cuál puede llegar a ser su papel dentro de la vida social: cómo debe tratársele una vez haya perdido su carácter oficial, cómo serán recibidas sus opiniones políticas, etc.
¿Cuáles son las ventajas de que un país tenga un Estado laico?
Las ventajas creo en buena medida haberlas enunciado al señalar las desventajas o perjuicios, sin embargo, conviene que las enumere ahora positiva y propositivamente. En el primero, y quizás más importante, de los ámbitos en los que se gana con un Estado laico es en el democrático, en la medida en que se promueve un mayor y más auténtico respeto a la libertad de conciencia y a la diversidad cultural (que incluye la religiosa) asociada a esta. La ventaja, para la ciudadanía, es que el Estado empezaría, de una vez por todas, a tratar a todas las personas de la misma forma, no ya desde una falsa e impuesta homogeneidad cultural, sino desde un profundo reconocimiento de las diferentes formas de vida de los y las costarricenses. Asociado a esto, se gana en la profundización de los valores promovidos por el paradigma de los derechos humanos, ya que el laicismo, tal y como en el país se esta desarrollando, es esto lo que busca: que los valores religiosos particulares no estén por encima de los derechos humanos fundamentales. En síntesis, todas las ventajas que se derivan de la laicidad del Estado redundan, en primera o última instancia, en una profundización de la democracia, de los derechos humanos y, sobre todo, en beneficios, no privilegios, directos para todas aquellas personas, o grupos, vulnerables, ya sea en razón de su preferencia u orientación sexual, opción religiosa, o de su género, sólo por citar algunos de los grupos más sensibles.
¿Cuales son los puntos de desencuentro en este tema; es decir por qué hay resistencia, hay perdedores y ganadores con el cambio?
Por supuesto que hay ganadores y hay perdedores, como en cualquier otra disputa política, sin embargo, se trata de “ganes” y de “pérdidas” relativas; el principal problema es que la discusión se ha polarizado tanto que se ha vuelto inexistente. Ahora bien, ¿cuál es la génesis de este antagonismo hipertrofiado? En lo personal, y sin intención de acrecentar la disputa, creo que esta ha sido provocada principalmente por aquellos grupos que se juzgan potenciales perdedores ante una eventual transición, me refiero particularmente a los gobiernos de turno y a la jerarquía católica. Esto lo digo porque no se me ocurre qué beneficio personal o grupal, además de la adquisición o ampliación de derechos, podrían estar buscando quienes desean un Estado laico, en cambio, cuando me ubico del lado de los potenciales “perdedores”, me es inevitable pensar que estos efectivamente estarían perdiendo privilegios, como por ejemplo, las ayudas económicas que recibe la iglesia de parte del Estado y su capacidad de incidir en los contenidos de ciertas políticas públicas. De manera tal que, mientras los defensores del Estado laico luchan por ampliar los derechos de la ciudadanía, los guardianes del Estado confesional luchan por defender su posición socio-política privilegiada. Por supuesto, de la mano de esto también hay razones religiosas de fondo, por ejemplo: algunas de las reivindicaciones promovidas por algunos de los grupos que luchan por la laicización del Estado, como la FIV y las sociedades de convivencia, son vistas, por la jerarquía católica, como francos deseos de generalizar, en el sentido de legalizar, valores ateos, libertinos, inmorales o irreligiosos; simplemente porque transgreden algunos de los dogmas que conforman su propia doctrina religiosa; valga decir que no todas las religiones, ni siquiera todas las denominaciones cristianas, consideran pecado la homosexualidad o la FIV.
De esta forma el tema se moraliza; y pasa a ser una disputa entre el bien y el mal, el más grande de los antagonismos. El problema es que esta imagen es transmitida al laicado católico, que aún es muy grande en el país, y este tiende, aunque cada vez menos, a posicionarse del lado de sus líderes religiosos; juzgando también, la promoción del Estado laico como una cruzada atea e inmoral que profundizará los problemas de nuestra sociedad.
El Estado confesional es una herencia colonial, ¿cambiar a un estado laico significa evolucionar? ¿Por qué?
Yo me cuidaría mucho de utilizar el verbo evolucionar, aunque si me atrevería a decir que el cambio es positivo, en tanto crea la condiciones para una mayor igualdad (en la diferencia) entre los y las costarricenses, esto por las razones que ya he mencionado. No utilizaría el verbo evolucionar, y esto lo digo fundamentalmente en mi calidad de investigador social, simplemente porque no comulgo con aquellas visiones que tienden a ver la historia y la sociedad en términos líneas. Por supuesto, cuando uno comparara la historia costarricense con la europea (central) tenderá a considerar la confesionalidad del nuestro Estado como un resabio anacrónico, sin embargo, antes de hacer la comparación debemos recordar que cada sociedad forja su propio destino y lo hace con herramientas (culturales, sociales, etc.) particulares. Ahora bien, es evidente que desde la colonia Costa Rica ha mejorado cualitativamente en materia democrática, en materia de igualdad formal (jurídica/legal), en materia de derechos humanos y de la naturaleza, etc., por lo que uno esperaría, en tanto se trata de logros históricos importantes, que estos, en lugar de retroceder, se profundicen; por eso decía atrás que cada sociedad forja su destino a partir de sus particularidades actuales. Dicho esto, el tema deja de ser un problema de “evolución”, como si tuviéramos fijado un lugar a donde llegar, para ser un asunto de profundización de la vida republicana, democrática, multicultural, etc. del país, no ya desde una perspectiva teleológica sino desde la profunda convicción que ve en estos aspectos que acabo de enumerar, valores deseables a los que no hay que renunciar y por los que vale la pena luchar, porque así nos lo hemos trazado como sociedad.
¿Debe la iglesia católica tener la injerencia que ostenta en temas específicos de política nacional (educación sexual por ejemplo)?
Definitivamente no. Esto es algo que ya he respondido en las anteriores preguntas, no obstante, me parece necesario aclarar los términos. Injerencia remite a intromisión, es decir, a la acción de meterse en donde a uno no le corresponde o donde nadie lo invito a participar; en este caso, no podemos decir, estrictamente hablado, que la participación de la Iglesia Católica en el diseño de algunas políticas públicas sea una intromisión, en el tanto esta ha sido invitada a hacerlo por las propias autoridades gubernamentales; de lo que sí podemos dudar, o poner en duda, es si realmente se trata de temas que son de la competencia de la iglesia. En el tema de la educación sexual, que Ud. pone por ejemplo, es por lo menos dudoso que la I.C cuente con los conocimientos apropiados en la materia que le faculten a ser un actor tan importante en el diseño de una política educativa de particular interés nacional, que afecta del mismo modo a católicos, musulmanes, budistas, ateos, etc. Digo de particular interés porque antes de ser un tema estrictamente moral es un tema de salud pública, no sólo en términos de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, sino también en términos de salud y bienestar emocional (afectivo, etc.), salud a la que todas las personas, sin importar su profesión religiosa, debe tener acceso. Y no es que la Iglesia no tenga y no pueda tener una palabra respecto a la sexualidad, el problema es que esta no agota la totalidad de expresiones concretas de la sexualidad que efectivamente se manifiestan en Costa Rica y que viven los y las costarricenses, por lo tanto, cualquier imposición arbitraria de una expresión particular, entre muchas otras, representa una franca violencia simbólica. Pensemos, por ejemplo, que ni las mismas personas que se consideran católicas, al menos una buena porción, viven su sexualidad de formas no necesariamente acordes a las “recomendaciones” de la jerarquía católica; lo cual se constata a través del uso generalizado de métodos anti-conceptivos que reporta este país, uso que, valga decir, ha sido reiteradamente condenado por el mismo Papa. Lo que quiero evidenciar es que las personas tienden a vivir su sexualidad incluso a pesar de lo que dicta su propia religión, y que por lo tanto, a un Estado responsable, y preocupado por la salud de la ciudadanía, le corresponde partir de esta realidad y no desde lo que una expresión religiosa particular dice que debería ser la vivencia de la sexualidad. No quiero decir con esto que lo que piensa la iglesia en esta materia este mal o bien, solamente estoy tratando de señalar que, aún cuando sea el mejor de los pensamiento, se trata de una posición relativa y a veces poco realista, por ende, imposible, además de poco responsable, de generalizar al conjunto de la ciudadanía; población a la que finalmente llega la educación sexual.
Tampoco creo, como ya lo he dicho, que se deba suprimir o excluir de los asuntos públicos la opinión de la Iglesia Católica, ni de las demás expresiones religiosas institucionales, ya que, como cualquier otro grupo en un sistema democrático, tiene, y debe mantener, el derecho a hacerlo; sin embargo, sí creo que se debemos dar el paso hacia una relativización, en el sentido de no privilegiar, estas opiniones, las cuales pasarían a ser eso, opiniones entre muchas otras. Incluso creo que puede seguir incidiendo en la esfera pública pero ahora sin privilegios y siempre y cuando acepte participar acatando los principios democráticos que, como costarricenses, pretendemos guíen la vida republicana de nuestro país.
¿Qué argumentos me daría usted para decir que al transformar el Estado a uno laico no se deshumanizaría la sociedad y se debilitaría la moral?
Habría que preguntar primero, ¿de cuál humanidad y de cuál moral se está hablando? Esto porque la pregunta en sí misma plantea o sugiere que existe una única forma de ser humanos (y de ser humanitarios) y también una sola manera de ser moral, ¿qué acaso las personas “no creyentes” son inhumanas y amorales? La evidencia histórica, a todas luces, no ampara esta maniquea fórmula. Basta recordar que buena parte de las atrocidades más grandes de la historia han ocurrido con la participación o complicidad de autoridades religiosas, y muchas de ellas se han perpretado en nombre de la religión. Si la moral y la humanidad de un país dependiera de su confesionalidad oficial, en un país como el nuestro no podrían existir los índices de pobreza ni de violencia (directa, estructural y cultural) que hoy se registran, y por el contrario, tampoco podría existir bienestar ni convivencia en países cuyo Estado es laico, lo cual es una franca falacia. Algunos de los países cuyo Estado es laico, como el caso de Suecia, reportan índices de pobreza y violencia (al menos directa) bastante bajos, lo cual demuestra que la “convivencialidad” y el bienestar no dependen de que el Estado tenga confesión o no. Pensar que la moralidad depende de esto, comporta un claro pesimismo antropológico, según el cual una persona no podría comportarse éticamente en sociedad si no es a fuerza de imposición, cuando se ha comprobado (históricamente) que la coerción, sobre todo en temas éticos, nunca es efectiva para conseguir los fines que se propone. Muchos de los problemas, sino la mayoría, que se asocian a una falta de valores o de moral tienen su génesis es condiciones estructurales como la desigualdad, la exclusión social, etc.; problemas que no sólo no tienen un origen eminentemente social sino que repercuten directamente sobre la moralidad, ¿puede ser (siempre) moral una persona que se muere de hambre? Por otro lado, aún cuando las religiones comportan moralidades y coadyuvan a vivir moralmente, lo cierto es que estas vivencias dependen mucho más de las personas y colectividades que de lo que dicten o no los Estados; una moralidad sin arraigo real, no sentida y no auténticamente incorporada, jamás puede ser vivida efectivamente.
En síntesis, la humanidad tiene un sinfín de expresiones, lo que quiere decir que hay múltiples formas de ser humano y ser humanitario; la propuesta por el catolicismo es solamente una de ellas, y no necesariamente la mejor, aunque tampoco la peor. Asimismo, hay múltiples maneras de ser moral o de comportarse moralmente, aunque por supuesto hay formas más eficaces que otras. Decir que la sociedad costarricense se deshumanizaría o se debilitaría moralmente por causa de la desconfesionalidad del Estado, comporta una concepción bastante limitada de lo que es la humanidad y de lo que es la moral. Curiosamente las mismas personas que se rasgan las vestiduras por la “falta de moral que impera hoy día”, son incapaces de denunciar las condiciones estructurales (violencia estructural) que subyacen a situaciones francamente inmorales.
Por Andrey Pineda Sancho
