Notas preliminares para comprender el ascenso político del Partido Restauración Nacional en las elecciones 2018

Andrey Pineda Sancho

andreypineda@gmail.com

  • El Partido Restauración Nacional fue creado en el 2005 e inscrito a escala provincial ese mismo año. Quiere decir esto que tiene apenas 12 años de existencia. Durante los primeros 8 años de su participación electoral se mantuvo como un Partido de escala provincial (por San José), mientras que en los últimos 5 años esta se ha dado a escala nacional.
  • Esta es, por tanto, la segunda ocasión en la que el PRN disputa la presidencia de la República. La primera fue en el 2014; elecciones en las que obtuvo apenas el 1,3% del total de votos válidos a nivel nacional.
  • Si nos remitimos al rendimiento histórico en las elecciones legislativas, en las que ha participado desde sus orígenes, veremos que el Partido obtuvo el 2% del total de votos válidos a nivel nacional en las elecciones 2006; el 1,5% en las elecciones 2010; y el 4,1% en las elecciones 2014. Cabe recordar, no obstante, que en las primeras dos elecciones mencionadas, el PRN solamente disputó puestos en la Asamblea Legislativa por la provincia de San José. En esta provincia obtuvo el 5,4% del total de votos válidos en 2006 y el 4,3% en el 2014.
  • Estos rendimientos le han dado la posibilidad de mantener al menos a un representante en la Asamblea Legislativa desde el 2006 hasta la actualidad: Guyón Massey (2006-2010; entró por cociente); Carlos Avendaño (2010-2014; entró por subcociente); Fabricio Alvarado (2014-2018; entró por cociente).
  • Dado que la mayor parte de estas participaciones electorales fueron a nivel provincial (por San José), resulta imposible ponderar la incidencia o la penetración política del PRN en otras provincias. Sin embargo, los resultados de la elección 2014, en la que por primera vez disputó todas las provincias a nivel legislativo, revelan algunas cosas de interés para los efectos del presente análisis.
  • Aunque en las mencionadas elecciones la fuerza electoral del PRN a nivel presidencial fue más bien débil (1,3% del total de votos válidos), a nivel legislativo este obtuvo un honroso 4,1% del total de votos válidos a nivel nacional. En San José obtuvo el 5,3%; En Heredia el 4,6%; en Puntarenas el 4,2%; en Guanacaste el 3,4%, en Limón el 3,2%; en Alajuela el 3,2% y en Cartago el 2,4%.
  • Sin embargo, al ver los resultados de las elecciones 2014 a escala distrital encontramos que en varios distritos el PRN no sólo obtuvo rendimientos por encima de su promedio nacional, sino también porcentajes que incluso duplicaban este promedio. En San José, por ejemplo, podemos citar los sintomáticos casos de Pavas (7,8%), Los Guido (8%), Ipís (8,5%), Purral (8,6%), San Felipe (7,3), Concepción (7,3), Trinidad de Moravia (7,5%), León XIII (8,5%), San Pedro de Pérez Zeledón (8,6%).
  • Si echamos un vistazo sobre los indicadores socioeconómicos y de desarrollo de estos distritos, incluso poniendo atención a los barrios o comunidades presentes en cado uno de ellos, fácilmente descubriremos que se trata de distritos que acusan o bien significativas carencias de tipo simbólico y material, o grandes disparidades de clase en su interior. Pavas, por ejemplo, es un distrito integrado tanto por barrios con altos índices de desarrollo, como por asentamientos altamente carenciados desde el punto de mira político, simbólico, y material.
  • Como bien sabemos hoy, y desde hace ya algunas décadas, los entornos vitales con este tipo de características sociales suelen ofrecer condiciones favorables para el arraigo y la proliferación de congregaciones religiosas de talante carismático y fundamentalista. En muchos barrios o asentamientos empobrecidos de nuestro país las iglesias figuran como actores de primer orden, no ya únicamente en el plano religioso, sino también a nivel político (entendiendo, eso sí, política en un sentido amplio y no meramente electoral), económico y social. Estas congregaciones suelen satisfacer, bien o mal, necesidades humanas que ni el Estado ni el mercado han estado logrando solventar. En ellas las personas pueden encontrar redes de apoyo (amistad, etc.), capital social, sentido y fuerzas para afrontar una existencia que en primera instancia se les presenta “cuesta arriba”, y por supuesto, una cierta comprensión de dicha existencia.
  • Sabemos, asimismo, que es justamente de las congregaciones evangélicas distribuidas, literalmente, alrededor de todo el territorio nacional de donde los Partidos Políticos de orientación evangélica conservadora han pretendido obtener su principal capital político y la fuente primaria de su caudal electoral. Nunca han tenido reparo en utilizar esta “red de iglesias” para conseguir réditos electorales. Y aunque ciertamente no nos es lícito afirmar que todas las personas evangélicas del país votan por estos Partidos, es casi seguro que la mayor parte de su electorado proviene del mundo evangélico. Ello se colige del carácter corporativista que dio origen al proyecto de las agrupaciones políticas en cuestión.
  • Para dimensionar este último punto conviene recordar que la población evangélica abarca entre un 20 y un 25% de la población total de nuestro país. En contraste, el mejor rendimiento a nivel presidencial de los Partidos Evangélicos en conjunto fue, antes de la actual elección, de apenas un 2,1% del total de votos válidos (0,8 del PRC y 1,3 del PRN en la elección 2014). Mientras que a nivel legislativo fue de 8,2% (4,1 del PRC y 4,1del PRN, de nuevo en el 2014.). ***Nota: Partidos Evangélicos existen desde 1982. El primero de ellos, Alianza Nacional Cristiana (1982-2006), nunca obtuvo diputaciones ni mayores réditos electorales.
  • Confirma esto que, hasta el pasado domingo 4 de febrero, los(as) evangélicos(as) nunca habían votado en bloque, o de forma mayoritaria, por los Partidos Políticos que dicen ser sus representantes. ¿Qué los movió a hacerlo en esta ocasión?
  • Por supuesto, en la explicación debe incluirse una multiplicidad de causas; algunas de ellas de larga gestación histórica y otras más de tipo coyuntural. Algunas de ellas estrictamente relacionadas con el factor religioso y otras más bien vinculadas con las condiciones sociales que favorecieron el determinante peso de esta factor en las actuales elecciones.
  • Entre las causas más estructurales o de mayor trayectoria histórica podemos contar (sin pretender agotar todas las posibilidades): el quiebre o la agonía del modelo bipartidista; los vacíos políticos dejados por este modelo (anhelo y botín de muchos desde hace al menos 20 años); la histórica y cada vez más arraigada desigualdad socioeconómica y territorial en el país; la desilusión o la indiferencia política que se ha instalado entre amplias porciones de la población costarricense (algo que se puede ver en los porcentajes de abstencionismo de las últimas 5 elecciones); el creciente papel político y gubernamental asumido por las congregaciones evangélicas en contextos territoriales signados por la pobreza, la exclusión y la desigualdad socioeconómica; y por supuesto, la añeja estrategia corporativista implementada por los Partidos Evangélicos para obtener votos en estos contextos.
  • Entre las segundas, por su parte, bien podemos incluir: la incapacidad del actual gobierno para generar el cambio prometido (algo difícil de hacer en 4 años de gobierno; sobre todo si no se tiene la claridad para hacerlo); las nuevas desilusiones políticas producidas por dicha incapacidad; los escándalos de corrupción de los últimos meses (sean estos o no responsabilidad exclusiva del gobierno); la incapacidad acusada por el Frente Amplio (agrupación que con justicia se reivindica como un Partido para los excluidos y en contra la desigualdad) para estar a la altura de las expectativas de las decenas de miles de personas que le votaron en el 2014 (muchas de las cuales hoy le dan la adhesión a Fabricio); pero sobre todo, el clivaje o la escisión que se ha venido gestando en el país (en realidad latente desde hace años) en torno a los llamados “valores tradicionales”.
  • Es más que claro que la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo un papel determinante en el ascenso electoral de Fabricio Alvarado y el Partido Restauración Nacional. Ello es constatable no sólo en la evolución de los rendimientos electorales del PRN y demás Partidos Evangélicos a lo largo del tiempo, que como hemos visto han tendido a ser más bien limitados, sino también en la posición ocupada por Fabricio en las encuestas de opinión que salieron con anterioridad a la resolución de la CIDH. Antes de este acontecimiento el candidato evangélico contaba con el favor de apenas el 2 o 3% de las personas decididas a votar, mientras que en las encuestas inmediatamente posteriores a la opinión consultiva este porcentaje ascendió, sistemáticamente, por encima del 15%.
  • Los más recientes resultados de la encuesta tipo panel que, desde octubre del 2017, ha venido realizando el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la UCR confirman el peso jugado por este clivaje en torno a los mal llamados “valores tradicionales”. De acuerdo con el informe publicado por el CIEP el pasado 14 de febrero, escasos 10 días después de la primera ronda, cerca del 25% de las personas encuestadas afirmó haber votado sobre todo para procurar la defensa de los valores tradicionales; porcentaje que se eleva a un 54% en el caso de las personas que aseguraron haber votado por Fabricio Alvarado.
  • No es descabellado sugerir, dados estos indicios, que la beligerancia incendiaria de parte del candidato en torno a discusiones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos y sobre todo con los Derechos Humanos de la población LGTBI, fue el factor determinante en el ascenso político-electoral del Partido Restauración Nacional. Esta beligerancia, que logró capitalizar con éxito los efectos inmediatos de la Opinión Consultiva de la CIDH, fue capaz de despertar el sustrato más conservador de la cultura costarricense, así como de aglutinar, en consecuencia, las intenciones de voto de los sectores más militante y conscientemente identificados con dicho sustrato. Como hipótesis podría sugerirse que esta coyuntura de clivaje en torno a los “valores tradicionales” finalmente acabó inclinando el voto evangélico hacia uno de los Partidos que desde hace años venía intentando conquistarlo. Este clivaje muy seguramente atrajo también a una porción importante del catolicismo más conservador y a sectores movidos por una homofobia más o menos explícita o consciente.
  • Pero aún restaría explicar, dentro de este gran marco explicativo: ¿por qué Fabricio y no Stephanie Campos? ¿Por qué Restauración Nacional y no Renovación Costarricense? Solamente un par de ideas al respecto:
  • Si bien Renovación Costarricense (en Partido fundado por Justo Orozco) venía perfilándose como el Partido Evangélico más constante y de mayor proyección dentro del escenario político (en 2014 consiguió por primera vez diputaciones fuera de San José; en 2017 posicionó a 1 de sus 2 diputados en la presidencia del Directorio Legislativo; en 2016 impulsó y acompañó a Johnny Araya de nuevo a la Alcandía de San José), lo cierto es que no supo aprovechar este virtual crecimiento cualitativo en las presentes elecciones.
  • En parte por virtud propia y en parte por fortuna circunstancial, Restauración Nacional colocó a un candidato muchísimo más apto para gestionar a nivel discursivo y mediático tanto la agenda de valores propia de los Partidos Evangélicos, como la coyuntura abierta por la opinión de la CIDH. No debemos soslayar este elemento, pues nunca antes habían tenido los Partidos en cuestión un candidato con las aptitudes políticas de Fabricio Alvarado.
  • Aún con el evidente peso que tuvo el conservadurismo de viejo y nuevo cuño en los resultados electorales del pasado 4 de febrero, sería un error reducir la comprensión del fenómeno un asunto meramente religioso; o peor todavía a una disputa nacional entre ilustrados(as) y oscurantistas.
  • Esta elección ha dejado en claro, mejor que cualquier investigación, la relación entre empobrecimiento, exclusión, desigualdad y la incidencia o el arraigo del fundamentalismo religioso. Es un círculo completo: los contextos vitales carenciados suelen estar poblados por un sinnúmero de congregaciones evangélicas; estas congregaciones satisfacen, siquiera de modo parcial, necesidades y aspiraciones humanas que van más allá de lo estrictamente religioso; y esta labor se traduce a su vez en legitimidad para la congregaciones y en plausibilidad para los mensajes y fundamentos religiosos por ellas transmitidos e inculcados. En última instancia, el sentido práctico se impone sobre el sentido trascendental. O mejor dicho, el segundo es confirmado por el primero.
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Violencia y creencias religiosas en Costa Rica – Centro Dominico de Investigación

Jorge Arturo Chaves Ortiz

Director del CEDI (Centro Dominico de Investigación)

Hasta hace poco, quizás hasta el mismo día de la primera ronda de las elecciones, el tema de discusión que teñía la campaña electoral era el de la “relación religión y política” y acerca de la legitimidad o falta de la misma para que pastores y sacerdotes indujeran el voto de los fieles en favor o en contra de un candidato. Pero los hechos del pasado 8 de febrero, quiebran el marco de esa discusión y destapan un problema más grave que subyace al mencionado debate. Es el problema de la utilización de creencias religiosas para promover acciones muy violentas en contra de personas, instituciones, organizaciones y el ejercicio de los Derechos Humanos. De manera tristemente ilustrativa hemos podido ver y escuchar el video que muestra a una señora frente a una escuela de San Carlos, acuerpada y coreada por otras personas, que gritaba, —citando (de manera inexacta, por cierto) el capítulo 1 de la Carta de San Pablo a los Romanos—, que “el que comete esos actos [homosexuales], merece la muerte”. Esta es la gota que ha  colmado el vaso ya muy lleno de otros actos violentos, como el cierre con cadenas y candados de los portones de centros educativos, —irrespetando así el derecho a la educación de quienes no estaban de acuerdo con ellos—, los insultos y golpes a personas por su orientación homosexual o lesbiana o la adulteración de la verdad sobre los contenidos de las Guías del MEP de formación para la afectividad y sexualidad. Con estas prácticas hostiles, pierde credibilidad el movimiento de quienes se presentan como “defensores pro vida y familia”.

Este episodio, por sí mismo, emplaza, de manera particular a los dirigentes de las diversas denominaciones evangélicas neopentecostales, y también de la Iglesia Católica que han venido impulsando por meses una campaña contra las mencionadas Guías del MEP, contra una llamada “ideología de género” —presentada de manera confusa y no explicada— y contra el ejercicio de Derechos Humanos de la población LGTBI, como si todo ello constituyera un atropello a los valores “perennes”, —los llaman así—, del pueblo costarricense. Es un emplazamiento y un reto, sobre todo a los dirigentes religiosos, porque el episodio, así como otras manifestaciones públicas escuchadas estos días, muestran un lamentable bajo nivel de formación en la fe cristiana y en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, laguna que está siendo llenada por “creencias”, sin fundamento serio pero aupadas por autoridad de determinados pastores y predicadores que, como tales hacen de la religión una verdadera y muy peligrosa ideología.

Los actos violentos a nivel personal y colectivo con facilidad se convierten en una espiral. Pero esta se acelera e intensifica aun más, cuando la belicosidad se cree respaldada por el nombre de Dios y la autoridad de una Iglesia. En esta perspectiva resulta ineludible que los grupos evangélicos que proclaman su participación en una “guerra espiritual”, nos aclaren a la ciudadanía el sentido e implicaciones de dicha “guerra”.

Ante estos hechos y este emplazamiento no son de recibo, por parte de dirigentes e instituciones religiosas,  el recurso a explicaciones tales como que ellos promueven “el odio al pecado, pero que siguen amando al pecador”, tanto porque estas sutilezas escolásticas no son de comprensión práctica para la mayoría de la gente, como también porque la frase misma da por sentada la visión negativa de que quienes piensan o actúan diferente son, solo por esa razón, “pecadores”. Tampoco es de recibo la excusa de que las Iglesias y sus dirigentes no son responsables del comportamiento hostil de grupos o individuos “aislados”. No se puede renunciar a la responsabilidad de prever las consecuencias de campañas y marchas que apuntan a participaciones masivas y beligerantes. Menos aún renunciar a la responsabilidad de preocuparse porque ese tipo de actividades vaya precedido y acompañado por una seria fundamentación bíblica y en derechos humanos, lo más alejada posible de mecanismos demagógicos y de movilización manipuladora.

No se puede esperar más tiempo. Desde hoy mismo deben redoblar esfuerzos las iglesias y las instituciones estatales, junto con todos los y las ciudadanas conscientes, para erradicar todo acto violento de la campaña, si es que queremos garantizar una segunda ronda electoral verdaderamente democrática, donde ni miedos, ni mentiras, ni coerciones de ninguna forma, impidan el libre ejercicio de la voluntad de cada uno para votar según la propia conciencia, buscando la opción que mejor garantice valores de convivencia, de paz, de justicia y de solidaridad.

Fuente: http://enfoquecritico.cedi.cr/boletin/violencia-y-creencias-religiosas-en-costa-rica/

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La Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, de la Universidad Nacional, ante la actual coyuntura electoral

La actual coyuntura electoral muestra la contundencia del discurso y la vivencia de lo religioso en la sociedad costarricense. También expone una fractura entre las transformaciones culturales, socio-económicas y políticas, y el sentido que muchas personas otorgan a su vida, tanto para fundamentar sus valores como para crear lazos familiares y comunitarios.

Es indispensable reconocer la importancia de lo religioso para ofrecer referencias de seguridad en un mundo en transición. Hoy como ayer, existen diversas religiones dentro de nuestra geografía así como personas que no profesan ninguna fe. Todas las personas, creyentes o no creyentes, merecen nuestro respeto y el reconocimiento de los mismos derechos y deberes.

El pluralismo religioso en un Estado democrático requiere de no imponer nuestras convicciones sobre las de otras personas, no condicionar las normas y la convivencia al credo profesado, y no discriminar o lesionar los derechos de quien piensa diferente. Ante la garantía constitucional de la libertad de culto, es ilegítimo secundar la imposición de principios religiosos. Este razonamiento es necesario para asegurar una sana coexistencia y fortalecer la democracia, lo cual sólo es viable en tanto se respeten las diferencias que nos caracterizan.

La desigualdad entre el Valle Central y el resto del país, agudizada por los efectos del modelo económico neoliberal, delinea un mapa electoral en el que los sectores más empobrecidos han clamado su abandono a través del sufragio. En este contexto, se ha legitimado la instrumentalización política de argumentos religiosos, para proponer medidas estatales que afectarían la vida de todas las personas que habitan en Costa Rica, y cuestionarían los logros del país en materia de derechos humanos.

La gradual polarización entre dos visiones de país es fruto de la manipulación política de lo religioso aunada a profundas disparidades sociales, cuya expresión en las urnas ha acarreado distintos tipos de violencia y discriminación. En este escenario recomendamos prudencia, reflexión y discusión a la ciudadanía para:

  • Examinar de forma crítica las propuestas políticas de los partidos involucrados en la segunda ronda de las elecciones presidenciales de 2018.
  • Considerar, a la hora de decidir el voto, los más graves problemas que afectan al país: déficit fiscal, seguridad, empleo, desigualdad social.
  • Promover el diálogo respetuoso entre personas de distintas convicciones religiosas y políticas.
  • Reconocer el alcance histórico de los derechos humanos así como las luchas de los sectores excluidos que posibilitaron su reconocimiento y protección.
  • Evitar y rechazar discursos de odio y discriminación.
  • Obtener información de fuentes confiables.
  • Rechazar la intimidación proveniente de grupos políticos o religiosos que pretendan infundir miedo, descalificar o imponer una determinada forma de adhesión.

Universidad Nacional

Heredia, 8 de febrero 2018

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