¿Qué futuro le espera a las relaciones Iglesia-Estado en Costa Rica?

El pasado 16 de agosto el periódico La Nación publicó un artículo de opinión del historiador Iván Molina Jiménez intitulado “Sociedad civil e Iglesia católica”. En éste Molina ofrece un diagnóstico muy interesante de los desafíos que enfrenta la institución católica en la Costa Rica de hoy. Desafíos que podríamos catalogar – en primera instancia – de políticos, pero que en última instancia son inminentemente culturales, aunque, por supuesto, está distinción es meramente analítica, ya que ambas esferas – en la realidad – son inseparables.

El autor subraya tres momentos – históricos – sobresalientes de las relaciones Iglesia-Estado en Costa Rica. Cada uno de ellos enmarcado dentro de una dinámica política particular:

El primero tiene que ver con las reformas anticlericales introducidas por los políticos liberales en la década de 1880, mismas que representaron un debilitamiento del margen de acción de la Iglesia dentro de la esfera pública. Entre las reformas se cuentan: la aprobación del matrimonio y el divorcio civiles, la secularización de la educación primaria, prohibición de utilizar la religión – por parte de clérigos – con fines políticos, entre otros[1]. Este parece ser el primer – y más significativo – intento en la historia del país de separar – en términos formales – a la Iglesia y al Estado, o al menos, de delimitar los ámbitos de competencia de cada institución, en este caso se trata de limitaciones impuestas a la Iglesia por parte del Estado. Un autor como Picado (1989, p. 69) señala que “ni la Iglesia ni el Estado fueron los mismos después de las reformas de 1884. No sé llego a una separación total pero sí a un distanciamiento y a una renegociación”.

El segundo momento tuvo lugar en la década de 1940. En este la Iglesia logró recuperar – según Molina – algunos de los espacios perdidos – en la esfera pública – durante el período liberal, tal como señala nuestro autor durante este período “el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, a cambio del apoyo eclesiástico para el programa de reforma social, promovió la derogatoria de parte de la legislación liberal [anticlerical] aprobada a finales del siglo XIX”. Lo que incluso derivó en la famosa alianza entre Calderón Guardia y Mons. Sanabria (II Arzobispo de San José), y de la que también fue parte el Partido Comunista. Bajo esta alianza se emitieron una serie de leyes favorables a las clases subalternas, entre las que se cuentan: el capítulo de Garantías Sociales adherido a la Constitución Política y el Código de trabajo; además de la creación de instituciones como la Caja Costarricense del Seguros Social y la Universidad de Costa Rica. Dinámica que propició una colaboración más directa entre la Iglesia y el Estado, y por ende, una aceptación y apoyo mutuos.

Esta nueva relación – plantea Molina – “se consolidó después de la Guerra Civil de 1948, gracias a la colaboración que tendió a prevalecer entre las autoridades eclesiásticas y los dirigentes del Partido Liberación Nacional (PLN)”. La Iglesia tendió a colaborar ideológicamente con la consolidación del proyecto reformista interventor impulsado por el nuevo bloque dirigente, y a cambio obtuvo una serie de privilegios tales como: exoneraciones fiscales, subsidio estatal a los colegios católicos (semioficiales) y participación activa en el diseño de los contenidos educativos del sistema de educación pública[2].

Estos dos primeros momentos, si bien comportan dinámicas políticas entre dos instituciones particulares, fundamentalmente reflejan los rasgos de la cultura en la que se despliegan. Detengámonos en este punto.

En el primer momento (liberal) el Estado trató de desmarcarse de la Iglesia e incluso podemos decir que se mostró hostil hacia esta; sin embargo, este alejamiento – u hostilidad – hay que matizarlo y relativizarlo. Después del punto más alto de hostilidad por parte del Estado en la década de 1880 éste (su bloque dirigente) tomó conciencia del alto costo político – en términos de hegemonía – que implicaba dicha actitud. La Iglesia era capaz de movilizar (moral, ética y políticamente) a las clases subalternas, y en virtud de ello, cumplía un papel de estabilización social del que las clases dominantes no podían darse el lujo de prescindir. Después de la década del 80 el Estado abandonó su hostilidad hacia la Iglesia, con la condición de que esta restringiera su labor evangélica al ámbito de las conciencias individuales. Para el Estado, en tanto aparato de dominación de clase, era conveniente mantener relaciones cordiales con la Iglesia, en la medida que ésta contaba con la capacidad de legitimar – o deslegitimar – religiosa y políticamente el statu quo. Pero ¿En virtud de qué contaba la Iglesia con esta capacidad? Veamos.

La religión, en sociedades tradicionales, constituía la fuente principal de la cual emanaban la mayoría de las representaciones sociales. Esto quiere decir que representaba la visión central del mundo: la relación con la naturaleza así como las relaciones sociales se explicaban religiosamente. La Iglesia Católica, por otro lado, llegó a constituirse – después de un largo proceso histórico – en la institución religiosa más poderosa de Occidente. Esto quiere decir, entre otras cosas, que logró canalizar, producir y reproducir las representaciones religiosas del mundo y, en virtud de ello, ejercer un poder sin igual en la vida de las personas.

Costa Rica, país producto de la conquista y la colonia, no fue la excepción a la realidad descrita. Acá el cristianismo (católico) se impuso a la fuerza hasta el punto que llegó a arraigar en las mentalidades de los sectores dominados (subyugados), entre otras cosas porque la imposición no siempre fue evidentemente violenta. Después, muchos hijos e hijas, nietos y nietas de europeos/as (personas tremendamente influidas por el catolicismo) pasaron a formar parte de las clases dominadas. Todos estos factores conjugados explican por qué la Iglesia Católica llegó a convertirse en la institución más influyente – cultural y políticamente hablando – en Costa Rica[3], de ahí su capacidad de interactuar con el poder político (estatal)[4].  

Esta influencia llega hasta nuestros días, sin embargo, en la actualidad muestra claros signos de agotamiento. Molina señala que a partir de la década de 1960 aparecieron nuevos desafíos (este es el tercer momento) para la Iglesia tales como: la rápida expansión de las corrientes evangélicas (pentecostales) y una creciente secularización de la sociedad civil. El autor ofrece una serie de datos relacionados con la profesión religiosa de las y los costarricenses para demostrar – aunque no lo dice con estas palabras – que la actual sociedad costarricense se encuentra en un proceso de pluralización religiosa y cultural en términos generales. El primer síntoma de este proceso: las personas que se declaran católicas cada vez son menos (aunque siguen siendo mayoría). El siguiente gráfico puede brindarnos una mejor idea de la magnitud del cambio:

El pluralismo parece ser el rasgo más característico de la cultura contemporánea. No sólo hay nuevas ofertas institucionales de sentido religioso como los pentecostalismos sino que también se encuentran ofertas no institucionalizadas e incluso seculares. La categoría “sin religión” que utiliza la encuesta muestra evidencias de esta última afirmación, en ella están incluidas personas ateas, agnósticas pero sobre todo personas “creyentes sin religión”. Esta creciente pluralización de creencias y sentidos sugiere que la cultura actual no es matricialmente religiosa, o en otras palabras, que la ciencia (y la tecnología) ha desplazado a la religión como visión central del mundo. La pregunta que surge es:

¿Qué implicaciones este creciente pluralismo en las relaciones Iglesia-Estado?

Hipótesis: si el Estado utiliza (instrumentaliza) la religión – a través de la Iglesia Católica – con fines hegemónicos (de dominación), en la medida que esta pierde capacidad de influir en la vida de las personas también pierde su capacidad de interactuar con el Estado e influir en él[5].

Hasta aquí llega nuestro comentario. Pasemos ahora a leer el artículo de Iván Molina y después – si quien nos lee tiene el gusto – podríamos analizar o discutir (en la sección de comentarios) algunos otros aspectos que hayamos dejado por fuera en estas primeras líneas.


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Sociedad civil e Iglesia católica

En la historia de Costa Rica, hasta ahora el principal conflicto religioso ha sido el que enfrentó a la Iglesia católica y a los políticos e intelectuales que impulsaron las reformas liberales en la década de 1880. Como resultados principales de esa confrontación, la influencia eclesiástica fue reducida en las áreas de la familia (aprobación del matrimonio y el divorcio civiles) y de la educación (decisiva, aunque no totalmente secularizada), se introdujeron limitaciones institucionales para el asentamiento de órdenes monásticas en el país y se prohibió a los sacerdotes utilizar la religión con fines políticos. Un conflicto similar, aunque a una escala más reducida, se presentó en la década de 1900, cuando los sacerdotes y feligreses heredianos procuraron introducir la enseñanza de la religión en el Liceo de Heredia.

Pese a los esfuerzos realizados, la Iglesia no logró recuperar los espacios perdidos, en buena medida como resultado de que, aunque el electorado costarricense era predominantemente católico, políticos como Ricardo Jiménez, Cleto González Víquez y otros, lograron mantener la gestión de los asuntos públicos como una actividad esencialmente secular.

Esta situación cambió al comenzar la década de 1940, cuando el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, a cambio del apoyo eclesiástico para el programa de reforma social, promovió la derogatoria de parte de la legislación liberal aprobada a finales del siglo XIX.

En este contexto, el círculo de políticos católicos y eclesiásticos más conservadores impulsó, incluso, un proyecto para derogar el matrimonio y el divorcio civiles, iniciativa que fracasó, al no ser apoyada por el arzobispo Víctor Manuel Sanabria. A partir de entonces, la Iglesia reforzó su posición institucional y en la esfera pública, proceso que se consolidó después de la Guerra Civil de 1948, gracias a la colaboración que tendió a prevalecer entre las autoridades eclesiásticas y los dirigentes del Partido Liberación Nacional (PLN).

Nuevos desafíos. Sin embargo, varios cambios ocurridos en la segunda mitad del siglo XX no tardaron en plantear nuevos desafíos a la Iglesia. Ante todo, la clerecía, que ya se había dividido en la década de 1940 entre partidarios y opositores de Calderón Guardia, experimentó una nueva escisión a partir de la década de 1960, al configurarse un círculo de sacerdotes identificados con el Concilio Vaticano II, la Conferencia Episcopal de Medellín y la Teología de la Liberación. A lo anterior se sumaron la rápida expansión de las corrientes evangélicas y una creciente secularización de la sociedad civil.

En las últimas dos décadas, la identificación con la Iglesia católica ha sido fuertemente desgastada también por su dificultad para adaptarse a los cambios sociales y culturales, y a algunos avances científicos, y por las crecientes denuncias contra eclesiásticos por cometer abusos sexuales contra menores de edad y realizar manejos financieros controversiales.

Siempre es difícil encontrar indicadores adecuados para analizar el impacto de estos procesos; pero según algunos estudios, la población nominalmente católica, en Costa Rica, disminuyó de 90 a 75% en el período 1985-2002. Aunque esta última proporción puede parecer alta aún, ya en 1985 solo el 15% de quienes declaraban ser católicos asistía a misa una vez a la semana. Asimismo, en una encuesta dada a conocer en el 2006 por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo), más del 50% de los entrevistados opinó que se podía prescindir de la enseñanza religiosa en las escuelas; y alrededor de un tercio la consideró innecesaria en los colegios. Además, de acuerdo con una noticia publicada por La Nación (23/2/11), el 35% de los alumnos de primaria y el 43% de los de secundaria no asistieron a clases de religión en el 2010. Probablemente, de ser modificada la disposición que establece el carácter obligatorio de la educación religiosa, la asistencia se reduciría todavía más.

Estrategias. Con miras a los desafíos anteriores, la Iglesia ha respondido con dos estrategias básicas. Para enfrentar el conservadurismo cultural propagado por las corrientes evangélicas, una buena parte de los eclesiásticos ha adoptado una posición similar a la de sus competidores: la condena o descalificación de algunos de los nuevos avances científicos; el rechazo de los estilos de vida alternativos, de las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo y de la educación sexual secular; y la defensa de las identidades y de los papeles sociales tradicionales de hombres y mujeres.

En contraposición, en el ámbito de las políticas económicas, un sector variable de los eclesiásticos se ha sumado a las fuerzas opuestas a los llamados procesos de apertura y privatización: desde las denuncias que hiciera el arzobispo Román Arrieta contra el gobierno de Calderón Fournier a inicios de la década de los noventa hasta la lucha en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos en el decenio del 2000.

Sin duda, este proceder expresa, en parte, las divisiones internas dentro de la Iglesia; pero, a la vez, le ha resultado muy útil a la institución como un todo para, de acuerdo con las circunstancias, atraerse el apoyo de los sectores culturalmente más conservadores del país en unos casos; y en otros, para acercarse a las organizaciones y grupos opuestos a las reformas económicas impulsadas en Costa Rica en los últimos veinte años.

Sostenibilidad. Gracias a esta doble estrategia, la Iglesia, en un país cuya política está decisivamente dominada por el cálculo electoral, ha logrado neutralizar, hasta ahora, a los grupos y fuerzas contrarios a los intereses eclesiásticos. En la base de tal neutralización está el temor de que enfrentar a la Iglesia –aun cuando fuera para promover cambios fundamentales para el desarrollo del país– podría tener un costo en las urnas extraordinariamente elevado. ¿Será realmente así o ese temor es solo una “ficción operativa”, basada en la experiencia histórica?

Efectivamente, en el pasado, la Iglesia se enfrentó con políticos e intelectuales secularizadores –como Mauro Fernández, gestor e impulsor de la reforma educativa de 1886– con el apoyo de una sociedad civil mayoritariamente rural, campesina y católica. Hoy, en contraste, en una Costa Rica cada vez más urbanizada, educada y diversa, los principales adversarios de los eclesiásticos son distintos sectores de una sociedad civil crecientemente secularizada.

Desde esta perspectiva, la doble estrategia de la Iglesia no parece sostenible, dado que, al profundizarse la secularización de la sociedad, se acrecienta la brecha entre el conservadurismo eclesiástico y las nuevas demandas y necesidades sociales y culturales. Las tensiones resultantes quizá provoquen, a corto plazo, que la “ficción operativa” antes señalada pierda toda eficacia, a medida que partidos y políticos comiencen a preguntarse si el costo electoral verdaderamente está en enfrentar los intereses de la Iglesia, o está en no hacerlo.


[1] Para un análisis más detallado de estas reformas,  véanse las obras de:

–          Picado, M. (1989). La iglesia costarricense entre Dios y el Cesar. DEI, San José, Costa Rica.

–          Salazar, O. (1990). Historia de Costa Rica: El apogeo de la república liberal en Costa Rica 1870-1914. EUCR, San José, Costa Rica.

–          Vargas, C. (1991). El liberalismo, la iglesia y el estado en Costa Rica. Guayacán, San José, Costa Rica.

[2] En Costa Rica la enseñanza de la religión es obligatoria y confesional, solamente a través de una carta emitida por los padres y/o madres de de los estudiantes es posible no recibir la materia. Para quien desea profundizar en este tema, véase: Pizarro, A. (2007). La enseñanza de la religión en el sistema educativo costarricense: dificultades actuales y posibles soluciones en el marco de una sociedad plural. UNA. Revista Educare, Vol. X, Nº 1.

[3] Para un análisis profundo sobre el papel de la Iglesia en América Latina, véase:

–          Dussel, E. (1992). Historia de la Iglesia en América Latina. Mundo Negro-Esquila Misional, Madrid, España.

[4] Véase:

–          Portelli, H. Gramsci y la cuestión religiosa. Laia, Barcelona, España.

[5] Y es que no sólo las creencias religiosas se han pluralizado en Costa Rica, se han pluralizado – o hecho evidentes las diversidades ya existentes – las mentalidades, identidades y prácticas culturales de toda índole, entre las que cabe destacar las relacionadas con las formas de vivir/expresar la sexualidad y el género.


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