Tres pasos hacia una antropología histórica del neoliberalismo real (2nda parte) ~ Loïc Wacquant

Tesis 1: El neoliberalismo no es un proyecto económico sino político; no implica el desmantelamiento del estado sino su reconstrucción.Esto es por tres razones básicas. Primero, en todos lados los mercados son y siempre han sido creaciones políticas: son sistemas de intercambio basados en los precios que siguen las reglas que deben ser establecidas y arbitradas por autoridades políticas enérgicas y apoyadas por amplias maquinarias legales y administrativas, que en la era moderna equivalen a las instituciones estatales (Polanyi, [1957] 1971; Fligstein, 1996; Macmillan, 2003). Segundo, como lo demostró la historia social y fue elaborado por la teoría social desde Emile Durkheim y Marcel Mauss a Karl Polanyi y Marshall Sahlins, las relaciones sociales y las concepciones culturales necesariamente sustentan los intercambios económicos y las personas normalmente negocian bajo las leyes del mercado: de este modo el estado debe intervenir para superar la oposición y reprimir las estrategias evasivas. Tercero, la historiografía de la Geistkreis[1] transnacional que la generó revela explícitamente que desde sus orígenes en la crisis de la década de 1930, el neoliberalismo no ha procurado restaurar el liberalismo de fines del siglo XIX sino superar la equivocada concepción del estado de este último (Denord, 2007; Mirowski/Plehwe: 2009). El neoliberalismo se origina en una doble oposición: por un lado, contra las soluciones colectivistas (primero socialistas y más tarde keynesianas) de los problemas económicos y por el otro, contra la visión minimalista y negativa del “estado vigilante” del liberalismo clásico. Desea reformar y redireccionar al estado de modo de alentar activamente y fortalecer al mercado como una creación política en curso[2].

En otro lugar he caracterizado esta recreación como la articulación de cuatro lógicas institucionales (Wacquant, 2010a):

(I)                La mercantilización como la ampliación del mercado o de mecanismos similares, basada en la concepción de esos mecanismos son medios universalmente óptimos para asignar eficientemente los recursos y recompensas.

(II)                  La política social disciplinaria, con el cambio desde el bienestar protector, concedido categóricamente como una cuestión de derecho, hacia el workfare correctivo, bajo el cual la asistencia social está condicionada a la sumisión al empleo flexible e implica mandatos específicos de conductas (entrenamiento, pruebas, búsqueda de empleo, y trabajar hasta por salarios de subpobreza, pero también limitación de la fertilidad, acatamiento a la ley, etc.).

(III)           La política penal expansiva y pornográfica con el objetivo de limitar los desórdenes generados por la difundida inseguridad social en las zonas urbanas impactadas por el trabajo flexible y representar la soberanía del estado en la estrecha ventana de la vida cotidiana que ahora afirma controlar.

(IV)           La “responsabilidad individual” como un discurso motivador y como un pegamento cultural que une estos distintos componentes de la actividad estatal.

Esta concepción va más allá de la perspectiva del dominio del mercado, no sólo porque concede un papel dinámico al estado en todos los cuatro frentes: económico, social, penal y cultural. Para considerar sólo al primero, el estado re-regula activamente, antes que “desregular”, la economía a favor de las empresas (Vogel, 1996) y toma medidas amplias “correctivas” y “constructivas” para apoyar y expandir los mercados (Levy, 2006). Esta concepción también ofrece contenidos institucionales duros a la noción blanda de la “racionalidad política” invocada por los foucaltianos especificando los medios que emplea el estado para ampliar y sostener la mercantilización frente a la oposición.

Tesis 2: El neoliberalismo implica un giro derechista del campo burocrático y genera un estado-centauro: Si el estado no está siendo “removido” o “vaciado” sino verdaderamente reconstruido y redesplegado, ¿cómo podemos comprender esta remodelación? Aquí es donde el concepto de campo burocrático de Bourdieu ([1993] 1994), interpretado como el conjunto de organizaciones que monopolizan eficazmente la definición y la distribución de bienes públicos, demuestra ser crucial[3]. Una gran virtud de este concepto, minuciosamente concebido mediante un análisis histórico de la transición multisecular desde el modo dinástico de reproducción del gobierno al burocrático, anclado en la creciente potencia del capital cultural institucionalizado (ver Bourdieu, 2012), es que nos recuerda que “el estado” no es un actor monolítico, coherente (ya sea operando en forma autónoma o como el diligente sirviente de las clases dominantes), o una simple palanca susceptible de ser controlada por intereses o movimientos especiales provenientes de la sociedad civil. Más bien, es un espacio de fuerzas y luchas sobre el mismo perímetro, prerrogativas y prioridades de la autoridad pública, y en particular sobre qué “problemas sociales” merecen su atención y cómo deben ser tratados.

Bourdieu, ([1993] 1998) además sugiere que el estado contemporáneo está atravesado por dos batallas internas que son homólogas con los choques que se desatan en forma turbulenta a través del espacio social: la batalla vertical (entre dominantes y dominados) que es el enfrentamiento entre la “alta nobleza estatal” de los responsables políticos seducidos por los conceptos neoliberales, que desean fomentar la mercantilización, y la “baja nobleza estatal” de los ejecutantes que defienden las misiones protectoras de la burocracia pública; y la batalla horizontal (entre las dos clases de capital, el económico y el cultural, compitiendo por la supremacía interna) involucra a la “mano derecha” del estado (el ala económica que pretende imponer las restricciones fiscales y la disciplina del mercado), y la “mano izquierda” del estado (el ala social que protege y apoya a las categorías despojadas de capital económico y cultural). En Castigar a los pobres, adapto este concepto para introducir en una sola estructura analítica los cambios punitivos en las políticas de bienestar y penal que han convergido para establecer la “doble regulación” de la marginalidad avanzada mediante el workfare y el prisonfare punitivo. Y agrego el brazo de la justicia penal – la policía, los tribunales, la cárcel y sus prolongaciones: la libertad condicional, las bases de datos judiciales, las obligaciones civiles y burocráticas unidas a las sanciones penales, etc.- como un componente esencial de la mano derecha del estado, junto a los ministerios de Hacienda y de Economía (Wacquant, 2009a: 3-20, 304-313).

Usando este esquema, se puede diagramar al neoliberalismo como el vuelco sistemático de las prioridades y acciones estatales desde la mano izquierda hacia la mano derecha, o sea, desde el polo protector (femenino) hacia el polo disciplinario (masculino) del campo burocrático. Esto se lleva a cabo a través de dos vías complementarias: (i) la transferencia de recursos, programas y poblaciones desde el ala social hacia el ala penal del estado (como cuando los pacientes de enfermedades mentales son “des-institucionalizados” con el cierre de hospitales y “re-institucionalizados” en cárceles luego de transitar por la carencia de vivienda); (ii) la colonización del bienestar, la atención médica, la educación, la construcción de viviendas para quienes tienen bajos ingresos, los servicios infantiles, etc., por las técnicas y metáforas panópticas y disciplinarias de la mano derecha (como cuando en los hospitales públicos se prioriza la preocupación por el presupuesto por sobre los preocupaciones médicas y en las escuelas se pone la reducción de la inasistencia escolar y la violencia en las clases por delante de la pedagogía y la contratación de guardias de seguridad por encima de los psicólogos). Como resultado de esta inclinación hacia la derecha, el Leviatán neoliberal no se parece al estado minimalista del liberalismo del siglo XIX ni al estado efímero que se quejan los críticos del neoliberalismo , ya sean provenientes de la economía o de la gubernamentalidad, , sino un estado-Centauro que despliega rostros opuestos en los dos extremos de la estructura de clase: es edificante y “emancipador” en la cumbre, donde actúa para proveer los recursos y ampliar las opciones vitales de los dueños de capital económico y cultural, pero es punitorio y restrictivo en la base, cuando se trata de administrar las poblaciones desestabilizadas por la profundización de la desigualdad y la propagación de la inseguridad del trabajo y la inseguridad étnica. El neoliberalismo realmente existente exalta el “laissez faire et laissez passer” para el dominante, pero se presenta paternalista e intrusivo para el subalterno, y especialmente para los trabajadores urbanos precarios, a quienes restringe sus parámetros vitales mediante el engranaje combinado del workfare vigilador y la supervisión judicial.

Tesis 3: El crecimiento y la glorificación del ala penal del estado son un componente integral del Leviatán neoliberal:Atrapados en la visión ideológica que lo describe como guiando el fin del “gran gobierno”, los analistas sociales del neoliberalismo han pasado por alto la imponente rehabilitación y la enorme expansión del aparato penal del estado que ha acompañado a la ola del dominio del mercado. Desmintiendo las profecías, hechas entre 1945 y 1975 por los penalistas de la corriente dominante así como los teóricos radicales del castigo, de que era una organización desacreditada destinada a marchitarse (Tonry, 2004), la cárcel ha hecho un espectacular regreso a la vanguardia a través del primer y el segundo mundos a lo largo de las tres últimas décadas. Con muy escasas excepciones (Canadá, Alemania, Austria y partes de Escandinavia en Occidente), la encarcelación ha emergido en todas las sociedades postindustriales occidentales, ha crecido rápidamente en las naciones post-autoritarias en Latinoamérica, y estallado en los estado-naciones surgidos del colapso del bloque soviético mientras se transformaban de economías dirigidas a economías de mercado. La población carcelaria no sólo ha aumentado rápidamente en las tres regiones (Walsmley 2011) junto a la precarización del trabajo y el retroceso del estado benefactor; está en todos lados compuesta en forma desproporcionada por los pobres urbanos, los parias étnicos y nacionales, los sin techo y los enfermos mentales indigentes, y diversos desechos del mercado laboral (Wacquant, 2009a: 69-75).

El implacable aumento en la población carcelaria es además sólo una manifestación superficial y burda de la expansión y exaltación del estado penal en la era del mercado triunfante. Otros indicadores incluyen el despliegue agresivo de la policía en y alrededor de los vecindarios de los relegados; la ampliación de la red judicial a través de las sanciones alternativas, los planes de control post-carcelarios, y el desarrollo exponencial de los bancos de datos judiciales digitalizados; la proliferación de los centros de retención administrativa para acorralar y expulsar a inmigrantes irregulares; la hiperactividad de las legislaturas sobre el frente penal (han multiplicado y endurecido las sanciones penales a una velocidad jamás vista), y el auge de un sector de los medios de comunicación que comercian con imágenes catastróficas del peligro criminal; la promoción de la lucha contra los delitos en las calles encabezando la agenda gubernamental (al mismo tiempo que se despenalizaban los delitos empresarios) y la prominencia de la “inseguridad” en las campañas electorales; y el sometimiento de la política penal a parámetros emotivos y simbólicos, con un ostensible menosprecio de la experiencia penológica.

El fortalecimiento y la ampliación del sector penal del campo burocrático no es una respuesta al delito, el cual ha declinado en los países occidentales en las dos últimas décadas y generalmente fluctúa sin relación con los niveles y las tendencias del castigo (Young/Brown, 1993). Tampoco es el embrión del advenimiento de “la sociedad excluyente”, el ascenso de una “cultura del control”, o el deterioro de la confianza en el gobierno y la adhesión a la “sociedad del riesgo”[4], y aún menos el engendro de especuladores, como en la demonología militante del “complejo industrial-carcelario” (Wacquant, 2010b). Es un ladrillo en el edificio del Leviatán neoliberal. Por esto es que se correlaciona íntimamente, no con las vagas “ansiedades ontológicas” de la “modernidad tardía”, sino con cambios específicos que imponen el mercado en la política económica y social que ha desatado la desigualdad de clases, profundizado la marginalidad urbana, y atizado el resentimiento étnico al mismo tiempo que erosiona la legitimidad de los políticos. Al examinar las tendencias en una docena de sociedades avanzadas distribuidas entre cuatro tipos de economía política, Cavadino y Dignan (2006: 450) informan de “una tendencia general hacia cambios en los niveles de castigo de estos países, para adecuarse al mismo modelo. A medida que una sociedad se desplaza en dirección al neoliberalismo, sus castigos se vuelven más severos”. Reelaborando los mismos datos desde un ángulo diferente, Lacey (2009: 111) revela, a pesar de su deseo de refutar la tesis de la convergencia penal, que el mejor indicador de la tasa de encarcelación de estos países es el “grado de coordinación” de la economía, o sea, un índice opuesto a la neoliberalización. El análisis estadístico de Lappi-Seppälä(2011) de treinta países europeos confirma que la moderación penal tiene sus raíces en una “cultura política consensual y solidaria, en altos niveles de confianza social y legitimidad política, y en un fuerte estado de bienestar”, o sea en rasgos sociopolíticos contradictorios a los del neoliberalismo. Más aún, el patrón temporal y geográfico de difusión de la penalidad punitiva y pornográfica en todo el mundo sigue las huellas de la propagación de las políticas de desregulación económica y disciplinamiento del bienestar (Wacquant, 2009b y 2011).

No es por fruto del azar que los Estados Unidos se volvieron superpunitivos luego de mediados de la década de 1970, justo cuando se precarizó el trabajo, se abandonó el apoyo al bienestar, implosionó el gueto negro, y se endureció la pobreza en las metrópolis dualizadoras. No fue de pura casualidad que a principios de los ochenta, Chile se convirtió en el principal encarcelador en Latinoamérica y el Reino unido en la locomotora penal de la Unión Europea a fines de los noventa, cuando ambos estados viraban su política de clientelar-solidaria a neoliberal. Pues existe una profunda relación estructural y funcional entre el dominio del mercado y el castigo luego del cierre de la era keynesiano-fordista[5]. El estado penal se ha presentado en los países que han elegido el camino neoliberal, porque promete ayudar a resolver los dos dilemas que crea la mercantilización para el mantenimiento del orden social y político: primero, reprime los crecientes trastornos y rupturas causados por la normalización de la inseguridad social en la base de la estructura social y urbana; y en segundo lugar, restaura la autoridad de la elite gobernante, reafirmando la “ley y el orden” justamente cuando esta autoridad está siendo socavada por los acelerados flujos del dinero, el capital, las comunicaciones y las personas a través de las fronteras nacionales, y las restricciones a la acción estatal por parte de las instituciones supranacionales y el capital financiero. El concepto del campo burocrático nos ayuda a comprender estas misiones gemelas del castigo, en la medida en que nos lleva directamente a prestar igual atención a los momentos materiales y simbólicos de la política pública, o sea, el papel instrumental del disciplinamiento de clase y la misión comunicativa de proyectar soberanía que supone la justicia penal[6]. Esto también nos invita a trasladarnos de una concepción represiva de la penalidad a una productiva, que pone el acento en su cualidad performativa (Wacquant, 2008b), de modo que podemos apreciar que los aumentos de los presupuestos, del personal y de las prioridades que se han dado a las instituciones policiales y judiciales en todas las sociedades transformadas por el neoliberalismo como programa económico no son una herejía, una anomalía, o un fenómeno transitorio, sino componentes integrales del estado neoliberal.

Para presentar una antropología histórica del neoliberalismo tal como éste evoluciona realmente en los países en donde ha enraizado, opuesta a la descripción de sí mismo (el modelo del dominio de mercado) o al relato de cómo se disipa cuando no logra cristalizar en un régimen coherente (el modelo de la gubernamentalidad), debemos reconocer que pertenece al registro de la formación estatal. En forma muy similar a cómo vio el “largo siglo XVI” al nacimiento del Leviatan moderno en Europa Occidental (Ertman, 1997), incluyendo la invención de la ayuda a los pobres y la cárcel penal, como parte de la accidentada transición del feudalismo al capitalismo mercantilista, el comienzo de nuestro siglo ha sido testigo de la remodelación de un nuevo tipo de estado que pretende amparar los mercados e incluir la libertad, pero en realidad reserva al liberalismo y sus beneficios para los de arriba, mientras aplica el paternalismo punitivo sobre los de abajo. En lugar de ver a la policía, los tribunales, y la cárcel como apéndices técnicos para combatir el delito, debemos reconocer que constituyen las capacidades políticas centrales mediante las que el Leviatán gobierna el espacio físico, recorta el espacio social, dramatiza las divisiones simbólicas, y representa la soberanía. Y así debemos colocarlos en el centro de una antropología política renovada, con leyes que puedan comprender cómo identifica y administra el estado los territorios y categorías problemáticos en su empresa de crear mercados y de moldear ciudadanos que se ajusten a ellos, les guste o no.

Fuente: Revista Herramienta

Reconocimientos: Este trabajo creció a partir la discusión que siguió a mi intervención en la conferencia sobre “Marginalité, pénalité et division ethnique dans la ville à l’ère du néolibéralisme triomphant: journée d’études autour de Loïc Wacquant,”, Université Libre de Bruxelles, Bruselas, 15 de octubre de 2010. Estoy muy agradecido a Mathieu Hilgers, el Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains, el Institut de Sociologie y el Groupe d’études sur le racisme, les migrations et l’exclusion, por un vívido día de discusiones; a Aaron Benavidez por su sobresaliente investigación y asistencia bibliográfica; y a Megan Comfort, François Denord, Zach Levenson, y Dilan Riley por su perspicaces sugerencias editoriales y analíticas.

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[1] El Geistkreis o “Círculo espiritual” era un seminario vienés informal de ciencia e ideas, fundado por Friedrich Hayek y Herbert Furth a principios de la década de 1920 (N. del T.).

[2] Esto lo subrayan Denord (2007) y Jamie Peck (2009: 3), quien rescata un temprano texto muy poco conocido de Milton Friedman (publicado en 1951 solamente en sueco) en el que el economista de Chicago explica: “el error básico fundamental del liberalismo del siglo XIX [fue que] apenas si le dio otra tarea al estado que la de mantener la paz, y prever que se mantengan los contratos. Era una ideología ingenua. Afirmaba que el estado sólo podía hacer daño [y que] el laissez-faire debía ser la regla”. Contra esta opinión, la “doctrina [del] neoliberalismo” afirma que “hay funciones verdaderamente positivas asignadas al estado,” entre ellas asegurar los derechos de propiedad, impedir el monopolio, asegurar la estabilidad monetaria y (lo más notable), “aliviar la pobreza y el sufrimiento agudos”. Peck (2009: 9) tiene razón en señalar que “el neoliberalismo, en sus distintos disfraces, siempre ha tratado de controlar y reutilizar el estado, a favor de la reforma de un ‘orden del mercado’ a favor de las corporaciones y de libre comercio,” pero no llega a hallar el factor endógeno de los medios institucionales recurrentes por los que el estado efectúa esta reforma.

[3] El campo burocrático es uno de los tres conceptos que forja Bourdieu para repensar el gobierno; no debe ser confundido con el campo político (que atraviesa) y el campo del poder (en cuyo interior se localiza). Ver Wacquant (2005: 13-18) para una explicación de sus relaciones y Wacquant (2010a) para una reelaboración del campo burocrático adaptado a la especificación del carácter del estado neoliberal. En la astuta caracterización de Mudge (2008: 705), el neoliberalismo tiene tres caras, la intelectual (una doctrina), la burocrática (las políticas estatales de liberalización, desregulación, privatización, despolitización y monetarismo), y la política (las luchas por la autoridad estatal), que “comparten un núcleo común y distintivo: la elevación del mercado por encima de todos los demás modos de organización”. Pero otorga un peso analítico insostenible al campo político, en lugar de desplegar el campo burocrático como el principal lugar en el que se libra la batalla sobre las misiones y los medios de la acción pública.

[4] Como lo sugieren, respectivamente, Jock Young (2000), David Garland (2001), y John Pratt (2007) y Jonathan Simon (2007), para alertar sobre las principales macro teorías enfrentadas sobre el cambio penal reciente.

[5] Aquí es donde disiento con Bernard Harcourt (2010), quien atribuye esta relación a la invención del siglo XVIII de los mitos gemelos del “mercado libre” y la “policía diligente”: el estado penal creciente es la creación distintiva del neo-liberalismo, y no una herencia o resurgimiento del liberalismo clásico. Surge luego del período fordista-keynesiano porque este último ha alterado decisivamente los parámetros institucionales y las expectativas colectivas de la actividad estatal (para más discusiones, ver Wacquant 2009a: 227-228).

[6] Deducimos que para conceptualizar apropiadamente al estado penal, no solo debemos repatriar la justicia penal al centro de la antropología política. Debemos poner un punto final a la mutua hostilidad (o deliberada ignorancia) entre las dos líneas de la criminología, la marxista y la durkheiminiana, que han elaborado las lógicas materiales y simbólicas del castigo en forma aislada, y hasta opuestas, entre sí.

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