A propósito de don Melvin Jiménez y su doble Estado – Dagoberto Núñez Picado

A PROPÓSITO DE DON MELVIN JIMÉNEZ Y SU DOBLE ESTADO

Dagoberto Núñez Picado (Investigador CICDE-UNED)

Hace más de cuatro siglos el Luteranismo nació de un enfrentamiento con Roma; políticamente amparado por príncipes locales el clérigo agustino Martín Lutero (1483/11/10 – 1546/02/18), como primer gran indignado de Occidente, enfrentó y denunció desmanes y corruptelas solapadas, mediante bulas, que generalizaba una especie de visado para la salvación eterna (léase debate sobre Las Indulgencias): una especie de missio canónica del momento. Un poco después, más precisamente ayer, en nuestra Costa Rica se dilucidó un asunto tan internacional como aquel. Al Ministerio de la Presidencia le faltaba algo para establecerse jurídicamente y gracias a una Resolución de la Sala Constitucional, el problema fue arreglado. ¿En qué sentido? El escenario político del gobierno Solís-Rivera, exhibía a un clérigo Luterano (con la debida auto-dispensa) elegido para el puesto de Ministro de la Presidencia.

¿Qué posiciones encontradas emergen a raíz de esta resolución?  Las siguientes cavilaciones no tienen el respaldo de la lectura completa del alegato, solo de la resolución de la Sala Constitucional.

Por una esquina del ring vemos a tres connotados juristas – en Nuestra Voz de Doña Amelia Rueda– que coincidieron en que es absurdo que los magistrados (en dividida resolución: 2, 2,1) discriminen al catolicismo dejando que el Sr. Melvin ejerza el puesto. Para ellos, el hecho de que no sea un clérigo católico, no es suficiente razón. En la otra esquina, el Magistrado Armijo, en el mismo programa mañanero del 12 de Noviembre, defiende lo resuelto. Según lo ve – el lente del Sr. Armijo– se trata de un matiz perfectamente discernible en la norma, compatible con la autorización de la participación política –en el poder ejecutivo– del clérigo Méndez.

El reclamo por la desautorización de clérigos católicos a puestos públicos en el Ejecutivo, parece plantear, según vemos este pugilato, la idea de que existe incompatibilidad entre la identidad católica (iglesia que funciona como un Estado) y la de servicio público en la medida en que se puede producir riña de intereses y confusión de lealtades al ofrecerse tal servicio, por parte del clérigo. ¿Cómo es que la condición clerical de Méndez no riñe con su servicio público? Esto se sabrá, quizá, después de que se publique todo el documento de los magistrados. Pero si Méndez apoyó (hipótesis) el Proyecto de Libertad Religiosa, dichas  sospechas de incompatibilidades, no son del todo infundadas.  Aunque, emparejando la pelea, si no desviamos la mirada del actual equipo de gobierno, se asoma (allá por el Puerto) un cuello clerical católico, en la institución pública llamada INCOPESCA. Se trata de un puesto en una instancia del Ejecutivo, entonces: ¿acaso sugiere esto que cabe excepción para algunos clérigos católicos en instituciones públicas como la citada? ¿Por el rango del puesto o algo así?

Ahora bien, llevando la mirada – desde el caso al tema de un posible conflicto “entre concepciones de Estados” como razón de fondo –  debemos llamar al ring, una pregunta para “marcar el territorio” de la pelea: ¿hasta dónde lo resuelto por la Sala Constitucional refleja o no un conflicto entre dos naturalezas de Estado?: la modalidad del Estado-Vaticano (transnacional) y el del Estado-costarricense (en tanto Laico), nos lleva a una mirada histórica; la ruptura luterana con Roma, hace recordar dos grandes áreas de conflicto; una, atinente a la autonomía de los gobiernos locales (soberanía territorial de Federico El Sabio) y otra, el alcance del brazo y la “pegada transnacional” del cristianismo-romano: En el caso Lutero vemos, por una parte, la necesidad de los príncipes de sacudirse el dominio político y el peso económico de la dominación-política de Roma sobre los principados europeos (no mediterráneos). Federico El Sabio, apoya a Lutero en su cruzada anti-romana.  Y si rastreamos la posición teológica de Lutero vemos que se enfrenta, de manera implícita, a la autoridad papal, para evidenciar desacuerdo, especialmente con una de sus bulas (indulgencias para sacar almas del Purgatorio) como lo investigó, por encargo del Papa León X, en 1518, el dominico Silvestre Mazzolini.

Es importante dejar establecido, desde aquel remoto pasado, la presencia de dos áreas (religioso-política) que reflejan bien la riña de dos modelos o tipos de Estado: la discusión teológica sobre las indulgencias se debate en sede religiosa y la dominación política revela reivindicación de independencia territorial, de signo eminentemente político. En aquellos días, ¿se hacían tales distinciones?  Examinemos ¿en qué se distinguen o se asemejan las posiciones de hace cuatro siglos con las actuales? Al contemplar los dos asuntos, no damos por descontado el lugar de alguna disputa teológica, no sabemos si la hay, en el caso. Pero en toda la Costa Rica contemporánea, no hallaremos tierra fértil para disputas – hoy por hoy – respecto de los pronunciamientos o normatividad emanada de las autoridades religiosas. En el catolicismo, según los números, a más de la mitad –confesadamente – no nos interesa seguir lo que dicta, dogmáticamente, nuestra jerarquía. No obstante, sea cual fuere la confesión o filosofía, nos caracterizamos por defender posiciones vinculadas a la satisfacción de necesidades basados en las experiencias de vida que vivimos; las discusiones del “más allá” (posibles salvaciones o perdiciones, mediadas por indulgencias) suelen irse incluyendo a un ámbito bastante privado de las personas y grupos. Creer que hay una discusión teológica que dar en el caso Méndez es tan absurdo como pretender que el Ministro de la Presidencia, en razón de la visa que le da la Sala Constitucional, puede llegar a ser un mejor Ministro de la Presidencia. Esto podría ser así, si la condición de clérigo-luterano le impedía atraer bienes simbólicos o económicos, en beneficio del país, puesto que convienen al puesto.  Pero, si para el puesto (ministerio de presidencia) tales rasgos son simples “adornos” resultarían irrelevantes o innecesarios.

Por lo que toca al ámbito político cabe señalar que se reitera la presencia de dos tipos de Estado: por una parte, significa que seguimos siendo testigos de un modelo de Estado Transnacional-Vaticano cuyos brazos y dedos están presentes en la letra de nuestra Constitución Política. Aunque esta acción, esta vez se presenta de un modo indirecto, puesto que se cuestionó el derecho de un clérigo de otra iglesia cristiana, a ejercer un alto cargo público. No obstante, el asunto es el mismo. Pretender arreglar asuntos como estos, vuelve a invocar la necesidad de una reforma integral a la Constitución Política que aquilate la identidad laica, netamente secular, ahí donde es indispensable.

La identidad constitucional costarricense, arroja un saldo con tufo religioso – en la esfera pública – que goza, principalmente, de un amarre con cuestiones jurídicas, y tendrá, por lo general, visos de conflictivo al buscarse alguna sensata relación “fe-política”: debido a que la esfera jurídica, de que hablamos, esconde un vicio atávico: hibridiza modelos de Estado, no reconociendo que son de naturaleza distinta.

Consecuentemente, para finalizar, lleva razón pensar que este coctel extraño entre religión católica y política pública costarricense, figura como una fuente permanente de confusión, al menos, potencialmente conflictiva, de lo que son simples y delicados ejemplos como los siguientes:

*          Atención política y jurídica desmedida a reclamos de parte de otras iglesias (no católicas) por conseguir iguales derechos a los otorgados al catolicismo costarricense, al amparo de una aplicación universal del artículo 75 constitucional.  De esta tesitura es el Proyecto de Ley sobre Libertades Religiosas presentado recientemente a la corriente legislativa.

*          Impedimento al Estado costarricense de aplicaciones de políticas públicas en ámbitos esenciales para el desarrollo de los habitantes: Educación Sexual, Salud Reproductiva, Fecundación in vitro, Derechos de grupos LGBT, etc. Las posiciones retrógradas y violentas en contra de estos grupos, avergüenzan a la democracia costarricense.

*          Manejo confuso (como en el caso presente) de distinción básica entre el ámbito religioso y su sistema interno (por ejemplo el catolicismo tiene toda una armadura jurídica de Estado Transnacional que históricamente ha dado muestras de aplicación más allá de su territorio) respecto del propio ámbito del derecho público, propio de un Estado Laico que en Costa Rica presenta la rémora de una anacrónica declaración de Estado Confesional; señal inequívoca de la señalada confusión.

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